LaVena Johnson: la joven de diecinueve años cuya familia tuvo que demandar el silencio con una solicitud FOIA
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LaVena Johnson tenía diecinueve años, llevaba ocho semanas de despliegue en Irak, cuando fue encontrada muerta en la tienda de un contratista en Balad. El Ejército les dijo a sus padres que se había quitado la vida, y luego, durante mucho tiempo, casi no les dijo nada más. Lo que esta página puede enunciar como hecho no es cómo murió — esa pregunta tiene dos respuestas irreconciliables, impresas una junto a la otra más abajo — sino cómo la institución manejó la búsqueda de la respuesta por su familia: registros retenidos hasta que el Congreso intervino, una investigación cerrada y mantenida cerrada, y una revisión externa que reprochó el trato del Ejército a la familia aun cuando no encontró nada nuevo para reabrir el caso. Este es el registro documentado.
El servicio, y la promesa
LaVena Lynn Johnson nació el 27 de julio de 1985, en Florissant, Misuri, un suburbio de St. Louis. Fue estudiante de honor y violinista en la Hazelwood Central High School, y venía de una familia militar — el servicio en el Ejército corría en ella por generaciones. Su padre, el Dr. John Johnson, trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos. Se alistó en el Ejército el 15 de septiembre de 2004, después de graduarse, con la intención en parte de pagar la universidad, y fue desplegada a Irak en 2005, asignada a la 129th Logistics Task Force en la Logistics Support Area Anaconda, la extensa base en Balad.
Había estado en Irak ocho semanas cuando murió, a ocho días de cumplir veinte años. Estaba, según los relatos recogidos después, en contacto regular y alegre con su familia. Su oficial al mando, como informó después el Los Angeles Times, la recordó como «feliz» y «aparentemente muy sana física y emocionalmente».
La promesa hecha a la familia de un soldado es la contraparte de la promesa hecha al soldado. Si un miembro del servicio muere bajo el cuidado del Ejército, en terreno del Ejército, el Ejército le debe a la familia una rendición de cuentas completa y honesta — los registros, las fotografías, las conclusiones y el razonamiento. Los padres de LaVena Johnson pasaron años estableciendo cuánto de esa promesa recibieron solo después de forzar el asunto, y cuánto de ella nunca recibieron en absoluto.
Lo que ocurrió
El 19 de julio de 2005, Johnson fue encontrada muerta dentro de una tienda perteneciente al contratista militar KBR en Balad, con una herida de bala. Partes de la tienda se habían quemado. Fue declarada muerta en el hospital de apoyo de combate. El Ejército notificó a sus padres que había muerto por suicidio. Lo que ocurrió en esa tienda es el centro disputado de este caso, y esta página presenta los dos relatos como lo que son: una conclusión oficial y una creencia de la familia. No adopta ninguno.
La conclusión oficial. La División de Investigación Criminal (CID) del Ejército investigó, y el médico forense de las Fuerzas Armadas dictaminó que la muerte fue un suicidio: una herida de bala autoinfligida de su fusil M16. El relato del Ejército, tal como emergió en su expediente investigativo, sostuvo que Johnson había estado angustiada por una ruptura — un novio de unos dos meses había terminado la relación por correo electrónico desde Kentucky el día anterior — que había impreso los correos, salido esa noche, entrado en la tienda del contratista, prendido fuego a papeles, y se había disparado. La CID cerró el caso sobre esa base, y el Ejército ha reiterado la conclusión cada vez que el caso ha resurgido. En palabras del Ejército, tal como se las ha dado a reporteros a lo largo de los años: todas las pruebas disponibles, forenses y testimoniales, demuestran que su muerte fue un suicidio. El Comité de Servicios Armados de la Cámara examinó el caso en 2008 sin comprometerse a una investigación formal, y el portavoz de la CID, Christopher Grey, declaró que el caso permanecía cerrado en lo que al Ejército respectaba.
La creencia de la familia. El Dr. John y Linda Johnson no creen que su hija se quitó la vida. Creen que fue violada y asesinada, y que la muerte fue escenificada para leerse como un suicidio. Su creencia se apoya en lo que vieron — primero en la funeraria, donde su padre, un hombre con formación profesional en atención de la salud, vio lesiones que no pensó que un único disparo autoinfligido explicara, y después en el informe de autopsia y las fotografías que la familia obtuvo eventualmente. Tal como la familia describe esas fotografías y registros, muestran una nariz rota, un ojo morado, dientes flojos, quemaduras compatibles con una sustancia química corrosiva, huellas ensangrentadas, y una herida de bala que consideran incompatible con su propio fusil; la familia también ha señalado una bala que dicen que nunca fue contabilizada. En 2007 la familia exhumó su cuerpo para una autopsia independiente. Ese examen, en el registro disponible, fue no concluyente — no probó el relato de la familia, y no confirmó el del Ejército.
Entre esos dos relatos se encuentra un tercer conjunto de material que esta página puede enunciar con su propia voz, porque no es una disputa sobre la tienda. Es el rastro en papel de lo que el Ejército hizo con las solicitudes de la familia, y está documentado en la sección que sigue.
Lo que hizo la institución después
Lo primero que hizo la institución, en el relato documentado de la familia, fue negarse. Los Johnson pidieron los registros de la investigación de la muerte de su hija, y el Ejército inicialmente declinó entregarlos. Los registros llegaron solo bajo la Ley de Libertad de Información, y solo después de que el representante William Lacy Clay Jr. de Misuri planteara públicamente el caso de LaVena Johnson en las audiencias del Congreso sobre la muerte de Pat Tillman — audiencias convocadas en 2007 precisamente porque el Ejército había engañado a otra familia famosa sobre cómo murió su soldado. Hizo falta un congresista, en una audiencia sobre el engaño a otra familia distinta, para arrancar el expediente de una familia de Misuri sobre su propia hija.
Cuando el expediente llegó, contenía el informe de autopsia y las fotografías en las que se apoya la creencia de la familia. La brecha entre lo que se le había dicho a la familia — suicidio, caso cerrado — y lo que las propias fotografías del Ejército mostraban es el motor de todo lo que siguió: la campaña pública de los padres, su viaje a Washington en abril de 2008 para pedir audiencias a miembros del Congreso, las peticiones, y la atención documental y periodística que ha mantenido el caso vivo durante dos décadas.
La respuesta institucional del Ejército, a lo largo de esos años, no cambió. El caso estaba cerrado. La conclusión se mantenía. La CID no lo reabrió.
Un organismo externo sí examinó. El Cold Case Investigative Research Institute — un programa que reúne a estudiantes de justicia penal y especialistas forenses de varias universidades — seleccionó el caso de Johnson en julio de 2011 como su caso para investigación, y pasó aproximadamente tres años en él, mucho más que su compromiso habitual de un año, revisando el expediente investigativo militar y las fotografías de autopsia con expertos en balística, forenses y psicología del suicidio. En julio de 2015, en el décimo aniversario de su muerte, St. Louis Public Radio informó la conclusión del instituto. Su directora, Sheryl McCollum, dijo que la revisión no encontró nada nuevo: «No había nada en este caso que pudiéramos llevar de vuelta al Ejército para decirle que necesita volver a examinarlo. No teníamos nada nuevo. No teníamos nada que sugiriera una irregularidad». El instituto ni probó que el Ejército tuviera razón en la cuestión central ni le dio a la familia fundamentos para forzar una reapertura.
Pero la misma revisión entregó una segunda conclusión, y es la que esta página puede registrar sin reservas, porque concierne al proceso y no a la tienda: McCollum reprochó al Ejército su comunicación con la familia Johnson — empezando por la manera en que se manejó la propia notificación de la muerte, y el fracaso en dar a la familia información con suficiente rapidez. Una institución que había llegado a una conclusión en la que creía había, no obstante, manejado a los padres de la soldado muerta de una manera que una revisora externa, favorable a su conclusión, aun así encontró deficiente. La conclusión y el trato son cosas separadas. El Ejército ha defendido la primera durante veinte años. La segunda nunca la ha respondido realmente.
Dónde se encuentra ahora
Formalmente, el caso está donde el Ejército lo dejó: cerrado, dictaminado como suicidio, sin reapertura y sin investigación adicional. Nadie ha sido acusado de ningún delito en relación con la muerte de LaVena Johnson, y ningún organismo oficial ha adoptado el relato de la familia.
Informalmente, el caso nunca se ha cerrado en absoluto. LaVena Johnson se convirtió, en los años posteriores a su muerte, en uno de los casos centrales en el debate nacional sobre cómo las fuerzas armadas investigan las muertes de los suyos — particularmente las muertes de mujeres, y particularmente las muertes clasificadas como suicidios después de agresiones sexuales denunciadas. Los estudios de estos casos, incluido el relato continuo mantenido por familias y defensores, la colocan primera en la línea moderna: Johnson en 2005, luego otros en 2006, 2007 y en adelante, cada familia heredando la misma secuencia de un expediente cerrado, una conclusión disputada, y registros obtenidos tarde o nunca. Sus padres llevaron su caso al Congreso, a los medios nacionales, y a cada foro que lo acogiera, y el expediente que forzaron a salir bajo FOIA sigue siendo el registro público principal de su muerte.
Lo que el registro no contiene, veinte años después, es ningún documento en el que el Ejército rinda cuentas de las lesiones que la familia describe en sus fotografías a satisfacción de la familia, ni en el que ningún investigador fuera de la propia cadena del Ejército haya recibido el caso con el poder de resolverlo. La exhumación de la familia y la autopsia independiente volvieron no concluyentes. La única revisión externa no encontró nada nuevo y reprochó la comunicación del Ejército. Eso es la totalidad del movimiento en dos décadas: la conclusión no ha cambiado, y tampoco ha cambiado la respuesta de la familia a ella.
El balance
El balance, en tres líneas — lo que el registro muestra que se ha hecho, lo que muestra que no, y lo que aún se busca.
Lo que se ha hecho
- La investigación de la CID del Ejército y el dictamen del médico forense de las Fuerzas Armadas: suicidio por una herida autoinfligida de M16; el caso fue cerrado y el Ejército ha mantenido esa posición públicamente desde entonces.
- Los registros de la familia fueron entregados bajo la Ley de Libertad de Información después de que el representante William Lacy Clay Jr. planteara el caso en las audiencias del Congreso de 2007 sobre la muerte de Pat Tillman.
- La familia obtuvo una autopsia independiente en 2007; fue no concluyente.
- El Cold Case Investigative Research Institute revisó el caso durante aproximadamente tres años (seleccionado en julio de 2011; informado en julio de 2015) y no encontró nada nuevo que justificara pedir al Ejército que lo reabriera — mientras reprochaba la comunicación del Ejército con la familia, empezando por la propia notificación de la muerte.
Lo que no se ha hecho
- El Ejército nunca ha reabierto la investigación, y ningún investigador fuera del Ejército ha recibido el caso con autoridad para resolver la disputa entre la conclusión oficial y la creencia de la familia.
- Las lesiones que la familia describe en las fotografías de autopsia — la nariz rota, el ojo morado, los dientes flojos y las quemaduras — nunca han sido explicadas a satisfacción de la familia en ninguna rendición de cuentas pública.
- El manejo de la familia por el Ejército — la negativa inicial de registros y los fallos de comunicación que una revisión externa identificó — no ha suscitado ningún reconocimiento ni ninguna corrección en el registro.
Lo que se busca
- La demanda permanente de la familia Johnson, mantenida desde 2005: reabrir la investigación y reclasificar la muerte, sobre la creencia de la familia de que LaVena Johnson fue violada y asesinada.
- Una rendición de cuentas pública completa — la demanda que su caso ahora representa para cada familia detrás de ella en la fila: el expediente investigativo completo, entregado sin que un congresista tenga que pedirlo en la audiencia de otra familia.