Manda Bay: un soldado y dos pilotos muertos en una base que, según sus propias revisiones, había olvidado que podía ser atacada
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Manda Bay era un pequeño puesto estadounidense en la costa keniana, lo bastante cerca de Somalia para que al-Shabaab pudiera alcanzarlo — y lo bastante cómodo, durante el tiempo suficiente, para que la institución encargada de defenderlo hubiera dejado de actuar como si alguien fuera a intentarlo. Al amanecer del 5 de enero de 2020, entre treinta y cuarenta combatientes de al-Shabaab demostraron lo contrario. En los primeros minutos mataron al Spc. del Ejército Henry J. Mayfield Jr., de 23 años, y a dos pilotos contratistas estadounidenses, Dustin Harrison, de 47, y Bruce Triplett, de 64, y destruyeron seis aeronaves en tierra. Dos investigaciones y más de dos años después, el veredicto de los militares sobre sí mismos fue amplio y extrañamente sin peso: fallas de protección de la fuerza, comprensión de la amenaza, preparación y mando de misión en cada escalón, dentro de una «cultura profundamente arraigada de una falsa sensación de seguridad» — y la negligencia de ningún individuo a la que responsabilizar de nada de ello. Ocho aviadores fueron castigados administrativamente. Esta página es ese registro.
El servicio, y la promesa
Spc. Henry J. Mayfield Jr., de 23 años, era un soldado del Ejército de EE. UU. que servía en el aeródromo de Manda Bay en el condado de Lamu, Kenia — una base keniana en la costa del océano Índico, cerca de la frontera somalí, desde la que las fuerzas estadounidenses apoyaban operaciones contra al-Shabaab. Dustin Harrison, de 47 años, y Bruce Triplett, de 64, eran pilotos contratistas civiles estadounidenses que volaban aeronaves de vigilancia desde el mismo campo. El soldado y los contratistas trabajaban en la misma misión desde la misma franja de pavimento, bajo el mismo perímetro.
Un puesto avanzado hace una promesa específica al pequeño número de personas que lo ocupan. Son pocos, están lejos de refuerzos, y el enemigo los conoce. A cambio, la institución les debe una defensa construida para el ataque que es realmente posible: un perímetro tratado como perímetro, un panorama de amenaza mantenido al día, preparativos de seguridad ensayados en lugar de supuestos, y comandantes en cada nivel cuya atención a la protección de la fuerza no decaiga con la quietud. Las dos investigaciones que siguieron al ataque de Manda Bay —una de U.S. Africa Command, y otra ordenada independientemente por el secretario de Defensa— concluyeron cada una, en sustancia, que esta promesa había decaído. La frase en que ambas revisiones convergieron no fue una puerta rota ni un guardia ausente. Fue una cultura: una «cultura profundamente arraigada de una falsa sensación de seguridad», en palabras de la investigación de Africa Command, que atravesaba cada escalón responsable de la base.
Los tres hombres muertos no tuvieron parte en crear esa cultura. Fueron sus beneficiarios sobre el papel y sus víctimas en los hechos — dependientes, como todos en un pequeño puesto dependen, de decisiones sobre vigilancia tomadas por comandantes a la mayoría de los cuales nunca conocerían.
Lo que ocurrió
Aproximadamente a las 5:20 a. m. del 5 de enero de 2020, una fuerza de aproximadamente entre treinta y cuarenta combatientes de al-Shabaab atacó el aeródromo de Manda Bay. Los atacantes penetraron las defensas de la base y golpearon el aeródromo y sus aeronaves estacionadas en los minutos iniciales del asalto.
Mayfield, Harrison y Triplett murieron en esos primeros minutos. Los atacantes destruyeron seis aeronaves —una pérdida de fuselajes y capacidad de vigilancia que el comandante de AFRICOM relataría después al Congreso— y dañaron vehículos e instalaciones antes de que las fuerzas kenianas y estadounidenses combatieran el ataque hasta detenerlo en las horas siguientes.
El ataque fue obra de al-Shabaab, planeado y ejecutado por el enemigo; ambas investigaciones lo dirían con claridad, y esta página no lo matiza. Las preguntas que las investigaciones fueron convocadas a responder empezaban un paso antes: en una base al alcance de un enemigo capaz, ¿por qué pudo el ataque lograr sorpresa y penetración en absoluto? ¿Por qué la defensa que los atacantes encontraron en los primeros minutos guardaba tan poca relación con la amenaza que el panorama de inteligencia contenía? Esas son preguntas institucionales, y las instituciones, para su crédito y después para su descrédito, las investigaron a fondo y las respondieron de forma estrecha.
Para las familias de los tres hombres muertos, el intervalo entre el ataque y las respuestas se convirtió en un hecho en sí mismo. La investigación de Africa Command se completó alrededor de marzo de 2021 — y se retuvo. La rendición de cuentas pública no llegó hasta el 10 de marzo de 2022, veintiséis meses después del ataque, cuando la revisión independiente del secretario de Defensa fue presentada junto a ella.
Lo que hizo la institución después
Dos revisiones examinaron el ataque.
La primera fue una investigación bajo el Army Regulation 15-6 realizada para U.S. Africa Command, completada aproximadamente en marzo de 2021. La segunda fue una revisión independiente ordenada por el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III y realizada por el Gen. Paul E. Funk II, convocada porque la gravedad de la primera revisión exigía un segundo par de ojos. Ambas fueron presentadas públicamente el 10 de marzo de 2022, por el comandante de AFRICOM Gen. Stephen J. Townsend y el general Funk.
Las dos revisiones coincidieron entre sí, y sus conclusiones acordadas —expresadas aquí en los propios términos de los investigadores— fueron:
- un enfoque inadecuado en la protección de la fuerza en la base y por encima de ella;
- una comprensión inadecuada de la amenaza que al-Shabaab representaba para Manda Bay;
- una preparación inadecuada en la postura de seguridad de la base;
- un mando de misión deficiente a través de la cadena responsable del puesto; y
- en la frase central de la investigación de AFRICOM, una «cultura profundamente arraigada de una falsa sensación de seguridad» en cada escalón.
Entonces las revisiones trazaron su línea. El general Funk declaró que ni la negligencia criminal ni la mala conducta de ningún personal estadounidense fue la causa próxima de las muertes o las pérdidas —la causa próxima fue el propio ataque de al-Shabaab— y que no hubo ningún punto único de falla y ningún individuo cuyas acciones explicaran el resultado. Las fallas fueron reales, sistémicas y de todos los escalones; la responsabilidad por ellas, en materia de rendición de cuentas individual, no fue asignada a nadie.
Lo que siguió en términos de personal fue administrativo. Ocho miembros del personal de la Fuerza Aérea —desde aviadores subalternos alistados hasta oficiales por debajo del rango de general— recibieron castigo administrativo: cartas de reprimenda, pérdida de certificaciones, expedientes de información desfavorable, e inclusión en listas de control. Sus nombres fueron retenidos, dijeron los militares, por privacidad. No se presentaron cargos penales contra nadie. Ningún comandante fue relevado públicamente en conexión con las conclusiones tal como fueron presentadas.
La estructura de ese resultado merece leerse despacio, porque las familias tuvieron que hacerlo. Un ataque tuvo éxito contra una base cuyo cada escalón, según el registro oficial, había absorbido una falsa sensación de seguridad. El remedio oficial para una falla de todos los escalones fue un castigo distribuido hacia abajo y de forma anónima —ocho aviadores sin nombre, ninguno de ellos de alto rango, con marcas administrativas— mientras los generales que presidían la cultura descrita en los informes presentaban las conclusiones y mantenían la confianza de sus mandos. Si esa distribución es proporcionada es la pregunta que queda para las familias de Henry Mayfield, Dustin Harrison y Bruce Triplett. El propio registro suministra ambas mitades: la amplitud de las conclusiones, y la estrechez de las consecuencias.
Dónde se encuentra ahora
Las revisiones están completas y sus conclusiones se mantienen sin revisión: al-Shabaab causó las muertes; las fallas de la institución —de protección de la fuerza, comprensión de la amenaza, preparación y mando de misión, dentro de una cultura de falsa seguridad— hicieron posible el éxito del ataque; y la negligencia de ningún individuo fue la causa próxima de nada de ello. Los ocho castigos administrativos se mantienen, sin nombres. Las prácticas de protección de la fuerza en puestos pequeños fueron, han dicho los militares, reforzadas a raíz de las revisiones.
Lo que el paso del tiempo no ha cambiado es la forma de la espera de las familias y la forma de la respuesta que finalmente recibieron. Veintiséis meses separaron el ataque al amanecer que mató a sus hombres de la mañana en que el Pentágono explicó, en público, lo que sus investigadores habían concluido. Y la explicación, cuando llegó, acusó a una cultura —el único acusado que ningún sistema de personal puede reprender, relevar o someter a un consejo de guerra. Una cultura no puede ser castigada. Solo puede ser descrita, como estas dos revisiones la describieron con una honestidad inusual, y después heredada por la siguiente rotación de comandantes encargados de no repetirla.
También vale la pena registrar lo que no ocurrió después de marzo de 2022. Ninguna versión más completa de la investigación de AFRICOM desplazó los resúmenes presentados como relato público, y ningún oficial superior nombrado fue vinculado a las conclusiones que los dos generales presentaron. Las revisiones cerraron la investigación. No cerraron la pregunta que recibieron el encargo de responder — cómo una base falló en cada escalón mientras nadie, al final, fallaba oficialmente en absoluto.
El Spc. Mayfield tenía veintitrés años. Dustin Harrison y Bruce Triplett eran pilotos que habían volado a una zona de guerra como civiles, confiando en el mismo perímetro en que confiaba el soldado. El perímetro, la sesión informativa sobre la amenaza, la preparación, y la atención del mando por encima de los tres fueron encontrados deficientes en cada escalón —por los propios investigadores de la institución, dos veces. Los nombres de las ocho personas castigadas por eso no son públicos. Los nombres de las tres personas muertas por eso sí lo son. Esta página existe para mantener visible la proporción.
El balance
Lo que se debía
- Un perímetro, un panorama de amenaza y una postura de seguridad construidos para el ataque que al-Shabaab podía montar realmente — en un puesto costero al alcance del enemigo.
- Una atención del mando a la protección de la fuerza que no decayera con las rotaciones tranquilas, en la base y en cada escalón por encima de ella.
- Una rendición de cuentas oportuna a tres familias, y una rendición de cuentas cuyo rango y publicidad igualaran la amplitud de las conclusiones.
Lo que se pagó
- Tres vidas el 5 de enero de 2020: el Spc. del Ejército Henry J. Mayfield Jr., de 23 años, y los pilotos contratistas Dustin Harrison, de 47, y Bruce Triplett, de 64, muertos en los minutos iniciales del ataque — y seis aeronaves destruidas en tierra.
- Veintiséis meses entre el ataque y la presentación pública de las conclusiones el 10 de marzo de 2022; la investigación de AFRICOM se había completado aproximadamente un año antes, alrededor de marzo de 2021, y fue retenida.
- Dos investigaciones coincidentes —la AR 15-6 de AFRICOM y la revisión independiente del secretario Austin realizada por el Gen. Paul Funk— que encontraron enfoque inadecuado en la protección de la fuerza, comprensión inadecuada de la amenaza, preparación inadecuada de la seguridad, mando de misión deficiente, y una «cultura profundamente arraigada de una falsa sensación de seguridad» en cada escalón.
- Ocho miembros del personal de la Fuerza Aérea castigados administrativamente —reprimendas, certificaciones perdidas, expedientes de información desfavorable, listas de control— con nombres retenidos.
Lo que sigue abierto
- Ningún individuo fue encontrado criminalmente negligente ni culpable de mala conducta como causa próxima; las revisiones asignaron la causa próxima al enemigo y las fallas que la hicieron posible a una cultura. Ningún procedimiento ha alterado esa asignación.
- La rendición de cuentas que siguió a una conclusión de todos los escalones fue impuesta por debajo del rango de oficial general y de forma anónima. Si esa proporción es justa está sin responder en el registro — es simplemente el registro.
- Las familias esperaron más de dos años unas conclusiones a las que la primera investigación había llegado en aproximadamente catorce meses. La razón del año adicional no se explica en el registro presentado.